Procedimiento De Recuperación Empresarial

Cámara de Comercio de Facatativa informa el Procedimiento de Recuperación Empresarial:

Objetivo del procedimiento de recuperación empresarial:

Este procedimiento extrajudicial tiene como finalidad ampliar la capacidad y cobertura para atender de forma expedita a los empresarios afectados por la pandemia COVID-19 que originó la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a través de las cámaras de comercio o sus centros de conciliación y arbitraje, para que aquellos que incurran en situación de mora puedan suscribir con sus acreedores acuerdos de pago para atender sus obligaciones, estimulando la promoción de la productividad y la preservación del empleo.

Marco normativo:

El régimen de insolvencia empresarial colombiano, incluido el proceso de reorganización y la liquidación judicial, tiene por finalidad la “protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial” (Artículo 1 de la Ley 1116 de 2006). Este régimen incluye las siguientes normas:

Ley 1116 de 2006. Establece el régimen general de insolvencia empresarial en Colombia.

Decreto 1074 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual integra, entre otras, la normatividad relacionada con la reorganización y liquidación de las empresas, a partir del Título II.

Este marco normativo fue complementado con ocasión de la crisis generada por la pandemia COVID-19, que originó la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 y, posteriormente, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a través del Decreto 417 de 2020. En virtud de esta declaratoria, el Gobierno Nacional adoptó medidas para atenuar los efectos adversos de la crisis, entre otras, tendientes a la protección integral del empleo y a reducir el impacto negativo en la economía, derivado de la interrupción y paralización de los sectores económicos y productivos, mediante un régimen transitorio de insolvencia empresarial.

Decreto 417 de 2020. Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

Decreto Legislativo 560 de 2020. Adopta medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia empresarial, creando la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización ante el juez del concurso y el procedimiento de recuperación empresarial adelantado en las cámaras de comercio.

Decreto 637 de 2020. Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, el cual finalizó el 4 de junio.

Decreto Legislativo 772 de 2020. Dicta medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia económica, social y ecológica en el sector empresarial. Este Decreto crea un régimen especial para pequeñas insolvencias, medidas para el trámite expedito, mecanismos para maximizar el valor de los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda, beneficios tributarios, entre otros.

Decreto 842 de 2020. Reglamenta el Decreto Legislativo 560, a fin de atender los efectos de la emergencia económica, social y ecológica. Establece el procedimiento de validación judicial expedita del acuerdo de recuperación empresarial logrado en los procedimientos tramitados en las cámaras de comercio.

Resolución 2020-01-286393 de 2020. La Superintendencia de Sociedades aprobó por medio de esta Resolución el reglamento único adoptado por las cámaras de comercio sobre el procedimiento de recuperación empresarial.

Así mismo, en razón a que el procedimiento de recuperación empresarial permite resolver mediante pacto arbitral las objeciones, observaciones y controversias presentadas durante el trámite, se han previsto reglas especiales aplicables. Para el efecto, de manera subsidiaria y sin perjuicio a las disposiciones contenidas en las normas previamente citadas, se deberá tener en cuenta lo estipulado en:

Ley 1563 de 2012. Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.

Objetivo del procedimiento de recuperación empresarial:

De acuerdo con lo indicado en los artículos 9 del Decreto Legislativo 560 y 3 del Decreto 842 de 2020, pueden acogerse:

  • Las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto, previstas en el régimen de insolvencia empresarial, artículo 2, Ley 1116 de 2006.
  • Las personas naturales comerciantes y las jurídicas excluidas del régimen de insolvencia empresarial previsto en el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006, siempre que no estén sujetas de manera obligatoria a un régimen especial de recuperación de negocios.
  • Las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, siempre que no estén sujetos de manera obligatoria a un régimen especial de recuperación de negocios.
Objetivo del procedimiento de recuperación empresarial:
  • Confidencialidad.
  • Transparencia.
  • Imparcialidad e independencia.
Información Para Pagos:

Cuenta de Ahorros: N° 220-350-72047-0 Banco popular
NIT: 860.522.136
TITULAR: Cámara de Comercio de Facatativá
Una vez realizada la consignación enviar a los siguientes correos: JURIDICO@CCFACATATIVA.ORG.CO Y CONCILIACION@CCFACATATIVA.ORG.CO

1. Solicitud:

El empresario deudor deberá presentar los documentos que se enlistan a continuación para radicar la solicitud ante la Cámara de Comercio y así, iniciar el procedimiento de recuperación empresarial:

Documentos
  • Certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil.
  • Fotocopia del documento de identidad del deudor.
  • Juego completo de estados financieros correspondientes al ejercicio contable con corte a 31 de diciembre de 2019.
  • Proyecto de calificación y graduación de créditos.
  • Inventario de activos y pasivos debidamente certificado y valorado, incluyendo los bienes muebles e inmuebles dados en garantía, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por el representante legal y contador público o revisor fiscal, según sea el caso.
  • Inventario de activos y pasivos debidamente certificado y valorado, incluyendo los bienes muebles e inmuebles dados en garantía, con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por el representante legal y contador público o revisor fiscal, según sea el caso.
  • Memoria explicativa de las causas que llevaron al deudor a la situación de insolvencia sustentando su afectación.
  • El flujo de caja de la compañía, proyectado al término que se propone para el pago a los acreedores.
  • Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado el proceso, cuando sea del caso.
  • Informe sobre procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías, que cursen en su contra, con indicación de las medidas cautelares existentes y que correspondan a aquellos acreedores convocados al procedimiento de recuperación empresarial.
  • Poderes debidamente diligenciados cuando la solicitud se presente por medio de apoderado.
2. Designación del Mediador:

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, la cámara de comercio designará al mediador, principal y suplente, entre quienes conformen la lista correspondiente, gara

3. Inicio del procedimiento y Celebración del acuerdo:

A más tardar el día hábil siguiente a la aceptación del mediador, la cámara de comercio emitirá el oficio del inicio del procedimiento de recuperación empresarial que deberá atender lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 842 de 2020, y lo comunicará al deudor y al mediador. A partir de entonces, correrá el término de tres (3) meses de duración del procedimiento, previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 560 de 2020.

Presentado el acuerdo de recuperación se someterá a votación. Se aprobará por suscripción sucesiva a través de la remisión al mediador, en el término que este establezca, de los votos de los acreedores, de conformidad con los requisitos formales y de mayorías previstos en el artículo 7º del Decreto 842 de 2020 y en la Ley 1116 de 2006.